Fuente: Buro de Analisis Informativo
La norma fue aprobada por el denominado ‘Congresillo’, en enero del 2009. Allí se establece una regalía superior del Estado a la de la empresa privada del total de los ingresos por la venta de minerales. También se le da prioridad en las asignaciones de terrenos para exploraciones y explotaciones; y se creó la Empresa Nacional Minera. Los gremios mineros aseguraron que los cambios en la normativa son radicales y temen más reformas. En la Asamblea hay un proyecto que presentó Pachakutik, en mayo de este año.
La mayor característica de la actual Ley Minera, que fue aprobada por el Congresillo en enero del 2009, es que esta vez el Estado tiene una mayor participación en sus propios recursos naturales, porque con ello el país va a despegar su economía, según coligieron asambleístas del bloque de PAIS el día de la votación del segundo debate de la ley. Los asambleístas del partido de Gobierno aportaron con 50 votos a favor de la Ley, de 65 parlamentarios presentes.El contenido de esta norma no conserva nada de la Ley Minera que fue promulgada en 1991, a decir de empresarios y consultores. “Dio un giro de más de 180 grados”, dijo el consultor Víctor Orbea, quien también colabora con el Colegio de Ingenieros en Geología, Minas, Petróleos y Ambientes (Cigmyp).
La Asamblea basó la reformatoria a la ley, principalmente, en los artículos 408 y 313 de la Constitución que señalan que son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado los recursos naturales no renovables, y en general, los productos del subsuelo, yacimientos y otros. También que los recursos no renovables se consideran un sector estratégico y que el Estado se reserva el derecho de administrarlo, regularlo, controlar y gestionarlo.
Para Orbea con la ley actual no hay límites del Estado, en cuanto a la participación de los contratos con las empresas mineras. También explicó que en el nuevo texto vuelven las regalías que, desde el año pasado, le da al Gobierno un mínimo del 5% del total de las ganancias por la producción minera.
Este beneficio podría llegar al 50% sumado al Impuesto a la Renta, utilidades el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El sistema de contratación, único también, se modificó según Orbea. En el articulado se establece que las concesionarias tendrán que suscribir un convenio distinto con el Estado para la exploración, explotación, beneficio de los recursos y otros.
“Ahora no hay el contrato único, el que había le daba facultades extraordinarias y hasta universales, digamos al concesionario minero, que en parte era bien pero por otro lado no. Ahora tenemos que el concesionario debe explorar un área minera, pero el rato que llegase a descubrir un yacimiento tiene que volver a conversar con el Estado para negociar un contrato de explotación. Si no se ponen de acuerdo, lo que hace (el Estado) es contratarle al concesionario en calidad de servicios profesionales”, dijo Orbea.
Esta modalidad de contrato es casi única en el mundo, destacó el consultor, incluso en Latinoamérica. “Por ahí están estancadas las negociaciones porque muchas compañías extranjeras no ven con buenos ojos eso…”.
Las concesiones sobre las áreas, que antes se daban sin un proceso, también se van a regular con la actual Ley de Minería, informó Vicente Encalada, presidente de la Cámara de Minería de El Oro. Detalló que antes se solicitaba directamente la concesión de un terreno pero ahora se ingresa a un sistema en el que también pueden participar otros oferentes interesados en un mismo predio.
Mencionó además, que la empresa interesada en explorar o extraer minerales deberá presentar un informe semestral para explicar los adelantos de su trabajo. “Antes solo se pagaba la patente que es de un dólar en el primer año por hectárea, y con el paso del tiempo llega a 16 dólares. Esta vez se pedirá el plan de trabajo, inversiones y el informe semestral que sirve para verificar si lo que uno (la empresa) se ha comprometido a invertir y los trabajos se están realizando”, expresó.
Para Marcos Reyes, presidente de la Cámara Nacional de Minería, las reformas radicales de la ley se hicieron para restringir la actividad minera en el país, en manos privadas. Lo dijo porque con la vigencia de la nueva norma el Estado revirtió casi 3 mil concesiones, lo que dejó unas 800, con lo que según afirmó no quedan muchos recursos al país, provenientes del pago de patentes por las hectáreas.
Sin embargo, aclaró que la reversión de las concesiones mineras haya tenido que ver con irregularidades. “Lo que ocurre es que se tenía que recuperar para el Estado una superficie determinada para constituir una nueva empresa estatal… Entonces dónde iba a trabajar esta nueva empresa estatal que iban a crear si necesitaban lo concesionado en manos privadas. Había que recobrarlas, había que recuperarlas. Se hizo un argumento que se esgrimió en momento determinado en la Asamblea, y como existía una minoría, pues obviamente por ilegal que haya sido pues obviamente se aprobó a favor de que se dicte ese mandato”.
Demanda en Corte Constitucional
Organizaciones indígenas como la Conaie, Ecuarunari, Confeniae, pidieron, en diciembre del 2008, el archivo del entonces proyecto de Ley de Minería a la asambleísta Irina Cabezas, quien ocupaba la presidencia de la Comisión de Desarrollo Económico y Producción del ‘Congresillo’.
Los indígenas expresaron que el texto de la ley afectaba el concepto del “buen vivir” y que por lo tanto era inconsulta e inconstitucional.
Ante la falta de consensos, las agrupaciones presentaron una demanda, en marzo del 2009, en la Corte Constitucional. Pero en marzo de este año, el presidente de la entidad, Patricio Pazmiño, declaró la constitucionalidad condicionada de los artículos 15, 28, 31, 59, 87, 88, 90, 100 y 105 de la norma.
Estos artículos tienen que ver con las declaratorias de utilidad pública, servidumbres, libertad de prospección, otorgamiento de concesiones mineras y otras.
Garantía para afectación ambiental
En mayo del 2010 el asambleísta Cléver Jiménez, jefe del bloque de Pachakutik, presentó un proyecto para la reforma de la Ley de Minería. El texto aún no pasa a debate y aunque no se conoce con exactitud su contenido el autor del proyecto, de acuerdo al blog de Jiménez de la Asamblea Nacional, la propuesta radica en la correcta aplicación del Mandato Constitucional sobre la participación del Estado ecuatoriano en los beneficios de aprovechamiento de los recursos naturales que no se encuentran claramente regulados”.
Jiménez precisó que la actual Ley Minera evade la responsabilidad del Estado en cuanto a la adopción de políticas y medidas oportunas, “para evitar los inminentes impactos ambientales; lo que conlleva implícito a más de la sanción correspondiente, la obligación del titular minero de restaurar los ecosistemas y resarcir a las personas y comunidades afectadas por la explotación minera”.
En ese sentido, el asambleísta propone la creación de una garantía del 10% de las reservas mineras probadas de las empresas mineras al estado ecuatoriano, para asegurar el cuidado al medio ambiente.
En la Ley de Minería se prohíbe la instalación de campamentos en lugares de seguridad nacional, aspecto que no se cumple según el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, quien ha reiterado que en la zona de los 20 km de seguridad nacional están ubicadas empresas extranjeras.
Indicó que lo denunciado varias veces al actual Gobierno, inclusive con documentación pero que no ha recibido respuesta.
No se actualiza reglamento de seguridad desde 1998
Vicente Encalada, presidente de la Cámara de Minería de El Oro, afirmó que el reglamento sobre Seguridad en el área minera en el Ecuador no se reforma desde hace doce años. Sin embargo, destacó que la actualización de reglamentos no tiene mayor incidencia en la concurrencia de los accidentes.
Explicó que el tema de la seguridad minera se ha discutido en citas internacionales, donde se ha dado a conocer que países como Chile y Finlandia, conocidos por tener mucha actividad minera, cuenta con códigos de seguridad con más de 2.500 normas, pero que aún así mantienen un alto índice de accidentes de trabajo.
“El problema es que todo el mundo piensa que es la falta de reglamento, la falta de leyes, regulaciones la que hacen los accidentes, eso no es. El problema de los accidentes es falto de conciencia que devienen de la falta de capacitación. Entonces nadie puede, ninguna persona, directivo u obrero medir o evaluar el riesgo y menos darse cuenta de los peligros sino tiene conocimiento”, aseguró.
Explicó que las entidades responsables de revisar el cumplimiento de las normas de seguridad en el área minera es la subsecretaría de Minas, en donde indicaron que el titular no se podía pronunciar sobre la seguridad en las minas del país porque estaba en el yacimiento de Portovelo (El Oro).
En ese lugar donde opera la empresa Minesadco, que labora en el país desde hace diez años, quedaron atrapados cuatro mineros en un derrumbe, el pasado viernes. Tras el percance la subsecretaría de Energía, Minas y Petróleos suspendió la concesión a la empresa por la inactividad minera en la zona, debido al incidente.
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